La actual Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la intervención profesional de las/los Trabajadoras/es Sociales como peritos en el ámbito judicial.
El/la trabajador/a social que ejerce como perito judicial colabora con la Administración de Justicia en la elaboración de dictámenes periciales sobre aspectos sociales, relacionados con la situación de las personas, su entorno próximo y sus redes sociales, con el fin de informar al Juez y a todos aquellos que hayan requerido su intervención (según el artículo 340.1 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil).